ENTREGA DEL INFORME DEL SALADO: “Esta guerra no era nuestra”, septiembre 22 de 2009.
En el salón principal del Museo Nacional se desarrollo el ceremonial de entrega y venta del segundo informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, este dedicado a la masacre de El Salado. La jornada se abre con el himno nacional cantado por dos hijos de sobrevivientes y el músico de Andrés López y su “escopetarra” (una combinación de un rifle Winchester y una guitarra eléctrica Stratocaster, como recurso metafórico a la idea de la “transformación” o tal vez de la “transición”? En cualquier caso es bizarra la imagen de un rifle, que aunque despide música, se ve como rifle, detrás de unos niños cuyos padres, familiares o amigos fueron masacrados con un instrumento similar).
El encuadre general del evento se mantiene en aquella relación simbólico – emocional, no como construcción de un nuevo orden de sensibilidades, sino como recurso de neutralización. De allí el uso de imágenes y presentación de niños como representación de la inocencia, del vaciamiento histórico en pro de nuevo comienzo. El evento es presentado explícitamente como “certamen de carácter nacional” (Reality en mis términos).
La siguiente intervención en el programa fue la de Frank Peral, Alto Comisionado de la Presidencia para Procesos de Paz. El marco inicial de su presentación parte desde justificar la necesidad de equilibrar las nociones de justicia y paz (que ante lo contra evidente es la justificación de la injustita). El Salado es referido como un fenómeno genérico de la violencia en Colombia, en donde se plantea que “el olvido de El Salado es culpa de todos” (un agente del Estado que desplaza la responsabilidad del primero hacia la sociedad). Finalmente ubica el informe como “un paso adelante” donde la masacre se ubica como una “vergüenza del pasado”, y se augura un “mejor futuro para los niños” (de nuevo el renacer, la evocación a un pasado oscuro y la referencia a un futuro de luz, donde el pasado esta marcado por la línea temporal antes de la primera elección de Álvaro Uribe Vélez).
La siguiente presentación la desarrollo Gonzalo Sánchez, coordinador del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR. La primera aclaración de Sánchez es la ubicación de la principal audiencia para el informe afirmando que “los destinatarios son las propias víctimas” (a pesar que el informe sólo hace una sistematización de hechos y eventos de la masacre. En tal sentido no se entendería porque los sobrevivientes puedan ser los depositarios de su propios relatos, el ciclo aparece tautológico). Sánchez plantea, declara y casi decreta, en su condición de experto “son tiempos de memoria” (de nuevo deslizando la discusión sobre el tiempo de la justicia y el tiempo de la verdad). El grupo de Memoria Histórica se posiciona desde el lugar de terapeuta pues según Sanchez “Memoria Histórica ha escuchado a las víctimas” Una posición cuasi privilegiada y benevolente ante la “indolencia social y política que prevaleció” (de nuevo la evocación a un pasado oscuro y un presente de luz, en este caso la línea divisoria es el de la llegada de Memoria Histórica a cada caso emblematizado).
En igual sentido que la presentación anterior, se apela a las referencias genéricas de la guerra con expresiones como “las huellas que la violencia deja en las comunidades” (invisibilizando móviles, responsables, estrategias, lógicas de guerra y economía política de la masacre). Se aclara que el informe es una “reconstrucción de la masacre desde la perspectiva de las víctimas” (que supone esta aclaración, que el informe es una sistematización de testimonios?; o que el equipo de expertos delimitó las fuentes y el archivo sólo a los testimonios, para evitar entrar las implicaciones de ampliar la historicidad de la masacre mas allá del testimonio, es decir, incluyendo la discusión sobre los puntos invisibilizados mencionados antes).
Las demás motivaciones del informe se encuadran como la necesidad de “oponer” el argumento de las víctimas al de los victimarios (se refiere esto a una contienda de verdades posibles? Y si es así, implica ello la inauguración de un nuevo campo de batalla que se le impone a las víctimas, el de la demostración de la legitimidad de sus recuerdos, de sus historias, de sus testimonios?); en segundo lugar, responder al “por qué” de la violencia (sobre estos detalles no se hizo ninguna precisión en el anterior evento ni en este); y finalmente, el informe aporta al derecho a la no repetición desde la noción de “no olvidar”.
Como última discusión, Sánchez presentó las recomendaciones del equipo de expertos que elaboró el informe, las cuales se concentraron en dos aspectos centrales: por un lado el paquete estándar de la retórica del desarrollo; y en segundo lugar, la instalación de la centralidad del saber experto, desde la entrega de una “caja de herramientas” que produjo el Grupo de Memoria Histórica (en donde se establece una idea de memoria, un procedimiento para construirla y unas formas para facilitarlo).
La siguiente presentación estuvo a cargo de Andrés Fernando Suárez Relator de la investigación sobre la masacre de El Salado. Suárez comienza por poner palabras y hacer explícito su deseo (que estuvo velado en la sesión del 21 de septiembre): “mi experiencia personal” debiera ser “experiencia colectiva”. De nuevo apela al archivo fotográfico de las familias para desde la imagen de los rostros de las víctimas “devolverles la humanidad” (quién los deshumanizó, o quién tiene la potestad de re-humanizarlos?). Se justifica la catarsis social a expensas de las víctimas realizada en la sesión del 21 de septiembre, pues en esta presentación Suárez afirma que “el recuerdo duele, pero es un deber de las víctimas” (aún el recuerdo se asume como otra mas de la lógica del sacrificio de las víctimas, aunque de él no devenga cambio en las estructuras de exclusión, estigmatización e injusticia).
Toda la discusión de Suárez se afinca en la idea de que el informe esta soportado en la “historia de vida de las víctimas”, a pesar de que sus historias sólo aparecen como imagen de 3 segundos en un pase de diapositivas, en medio de la narración dramatizada de Suárez. Para luego concentrarse sólo en la epidemiología de la masacre.
La siguiente presentación fue de Leída Narváez, representante de las víctima sobrevivientes de El Salado. Leída enfatiza su presentación en el reclamo por la realización de los derechos políticos y sociales para su comunidad, no sólo de servicios, pero del derecho a ser reparados. Plantea la cadena de incumplimientos de los compromisos gubernamentales. El marco de sus reclamos se hacen en tanto comunidad de familias desplazadas (posición comprensible, pues el proceso de acompañamiento de diversas ONG a este grupo se planteó en el marco de la ley 387 de 1997, no desde la Ley de Justicia y Paz). Se afirman en su identidad campesina y como recurso final apelan al llamado por la colaboración y la ayuda (con algo de desesperanza aprendida). Quedan las sentencias principales de Leída:
“hoy todos se darán cuenta qué fue mentira”
“no nos apaguen nuestras voces”
“tenemos derecho a reclamar”
“cuando nos van a cumplir”
“sólo pedimos lo que nos quitaron”
“queremos una paz transparente, no una paz de mentira”
La presentación central fue la de el Vicepresidente de la República, Francisco Santos. El mensaje de apertura del VpR fue dejar claro que la masacre de El Salado es algo que “se viviera en nuestro pasado” (si la masacre fue 10 años atrás y el régimen en ejercicio cumple 8 años, la marca temporal que divide los tiempos de la historia de Colombia estará claramente marcada por antes y después de Uribe Vélez). Lo segundo es que el VpR se presenta a si mismo como representante del Estado, con mayor énfasis afirma ”aquí yo represento al poder Ejecutivo, al judicial y al legislativo” (el poder gubernamental equivalente a poder soberano?).
La siguiente fase de la presentación fue la retórica de excusas institucionales, con un matiz particular, y es que el VpR pide perdón por la falta de atención del Estado en los años posteriores a la masacre, que no por la masacre en si misma, pero justo después presenta las cifras del “esfuerzo del gobierno” para la atención de víctimas (uso de las cifras genéricas, donde medias y frecuencias ocupa toda la centralidad y la particularidad de las víctimas de El Salado, se ubica en consecuencia como dato espúreo).
La tercera fase de la presentación de la VpR fue iniciar la defensa de la ley de justicia y paz (la necesidad de defensa evidencia el reconocimiento de la precariedad del instrumento), ante lo cual asegura “el fallo histórico de la ley de justicia y paz será generoso y favorable” (de nuevo despliegue justificatorio, pues el presente si es contra evidente a tal afirmación). El VpR hace un “llamado a la Corte Suprema de Justicia para que facilite los procesos de Justicia Transicional y que facilite las imputaciones” (desplazamiento de la responsabilidad de la concepción del instrumento sobre el proceso de ejecución y los actores – por fuera del ejecutivo – que desarrollan la ley). Además planteó que “la Fiscalía esta detenida en tecnicismos jurídicos que le imponen los jueces” (de nuevo el sistema de justicia es, según el, la fuente de injusticia, y la razón para que la ley 975 sea un fracaso en dichos términos. El ejecutivo como el gran benefactor. Es curiosa la referencia al tecnicismo jurídico, pues la ley de justicia y paz fue concebida en el gobierno justo bajo dicha perspectiva).
El siguiente argumento central de Santos fue su lectura sobre quién es víctima. Inicia con una referencia a “los policías víctimas por los ataques de las FARC” en los Montes de Maria (peligrosa referencia como encuadre de la discusión sobre víctimas, pues los autores de la masacre de El Salado justificaron su barbarie por su interés de dejar una marca emblemática sobre un pueblo, en sus términos, colaborador de la guerrilla. En tal sentido la idea de que las víctimas fueron los policías atacados por las FARC produce una encuentro entre los encuadres narrativos del VpR y los Paramilitares).
Ante el llamado a una presencia del Estado no militar en la zona, por parte de las víctimas, Santos afirma que la “desmilitarización no es la solución, pues esta contradicción fue la causa de la masacre” (lo particular de los hechos históricos es que una guarnición de la Armada Nacional estaba asentada a 25 kilómetros de la masacre, y durante los 3 días de duración de la misma no hubo ninguna presencia militar estatal).
Desde allí emprende la defensa de la Política de Seguridad Democrática – PSD, justificándola, no en tanto “estrategia de guerra, sino como cambio de mentalidad, un nuevo paradigma” pero el recurso retórico utilizado es la “predica” que comienza con la afirmación que “hasta el 202 no supimos operar” (de nuevo la marca de tiempo, el revisionismo histórico donde todo lo oscuro, inadecuado y el caos se ubica del 2002 hacia atrás).
Frente al informe construido por el Grupo de Memoria Histórica, reconoce la “rigurosidad” y la importancia para el registro histórico del país, informe que según Santos no hubiese sido posible sin la autonomía entregada por este gobierno, explícitamente afirma “la verdad no ha sido manipulada, de ahí que el gobierno a promovido el funcionamiento de la CNRR y del Grupo de Memoria Histórica”. De allí plantea una invitación a que “ la verdad sea la base de un futuro prospero, pero no para el señalamiento” (esta expresión conecta con el informe de la masacre de Trujillo, pues durante la entrega del mismo en la primera semana de la memoria, Santos afirmó que “la memoria y la verdad de las víctimas las obliga al compromiso con el perdón y la reconciliación”).
Termina su referencia al informe estableciendo una relación de acontecimientos como derivación de la ley 975 de la siguiente manera “gracias a la ley de justicia y paz, se garantiza el trabajo del grupo de memoria histórica y en consecuencia se da la participación de las víctimas” (el informe termina realmente siendo un instrumento de legitimación gubernamental, en donde tanto los testimonios de las víctimas - por disonantes que aparezcan frente a los argumentos del VpR - y la apuesta “autónoma” del Grupo de Memoria Histórica son todos consecuencia de la benevolencia gubernamental).
Para terminar regresa a poner al centro a los soldados víctimas (termina donde comenzó) “nos duele la investigación de los miembros de la fuerza pública”… “gracias al Almirante por su protección en la zona”… “hay que destacar el avance de la seguridad en la zona gracias al sacrificio de los soldados”… “hoy el soldado es radicalmente distinto, gracias a este gobierno”… (evidentemente el encuadre narrativo general no son, ni fueron, las víctimas, todo lo contrario a la convocatoria con la que se realizó el evento). Y para el cierre final de nuevo apunta al revisionismo histórico: “los violentos dominaron nuestro pasado, pero ahora estamos moldeando nuestro futuro” (los paramilitares “desmovilizados” y “rearmados” denominados con el eufemismo de bandas criminales emergentes – BACRIM, superan los 5000 desde el inicio del otro reality denominado proceso de paz con paramilitares. De allí que el futuro que se esta moldeando es la del Estado-en/de-Guerra como forma de gobierno”).
